El Gobierno Central tiene ahora una oportunidad de oro para comenzar ese trabajo, aprovechando las parcelas de su propiedad situadas en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel (unos 35.000 m2), en los que se podrían construir y gestionar, con ese régimen público, unas 600 viviendas, para paliar en parte el enorme déficit de vivienda social.
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